Desde hace muchos años, las mujeres han mantenido una lucha incansable por la obtención de sus derechos. Cada vez se suman más voces a este proceso, y desde diversas generaciones, la conciencia de que somos un testimonio vivo de un cambio en el paradigma patriarcal se hace cada vez más potente. En este recorrido, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es un punto fundamental, una deuda de la democracia. Por eso, como dice Ana, militante feminista en el documental Que sea ley,
El pañuelo no me lo quito nunca”.
Para profundizar en el tema, y en el marco de la exhibición de la película de Juan Solanas, entrevistamos a Rebeca Ramos, directora de la organización feminista GIRE.
Rebeca Ramos es abogada feminista, especializada en derechos humanos. Desde 2012 trabaja en GIRE, donde ha colaborado en distintos procesos, uno de ellos la despenalización del aborto en el primer trimestre de la gestación en Oaxaca. A partir de marzo de 2020 se desempeña como directora de GIRE, posición desde la cual conduce el trabajo de la organización para avanzar hacia la justicia reproductiva en México.
¿Cuál es la meta de GIRE en torno al debate sobre la legalización del aborto?
Que sea un debate informado en el que se distingan espacios y decisiones que tienen que ver con las obligaciones de un Estado laico, frente a consideraciones de carácter personal.
En México, la regulación penal del aborto se traduce en una forma de discriminación, pues las mujeres tienen más o menos derecho de acceder a un aborto bajo un marco legal, dependiendo de su lugar de residencia. Esto trae consigo estigmas y confusiones entre el personal de salud en términos de la prestación de asistencia médica inmediata a toda mujer que sufra complicaciones relacionadas con un aborto.
Dado lo anterior, el panorama ideal para GIRE en términos de regulación del aborto es que este deje de ser un delito.
¿Qué define una justicia reproductiva?
La justicia reproductiva es el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que permiten a las mujeres tener el poder y la autodeterminación sobre su destino reproductivo. Para ello es indispensable garantizar sus derechos humanos tomando en cuenta la discriminación y las desigualdades estructurales que afectan su salud, sus derechos y el control de su vida. Incluye también la obligación del Estado de generar las condiciones óptimas para su toma de decisiones. En este sentido, tener una legislación que considera el aborto como un delito obstaculiza el acceso a la justicia reproductiva.
¿Qué otros factores socioeconómicos o de otra índole dificultan el alcance de una justicia reproductiva para todas las mujeres y niñas en México?
Las brechas de desigualdad relacionadas, entre otras, con el sexo, género, etnia, idioma, edad, discapacidades y estado civil impactan en el acceso a información clara y veraz sobre opciones reproductivas, a servicios de salud de calidad, al trabajo remunerado, a un esquema universal de seguridad social.
¿Y qué consecuencias tiene la maternidad forzada en la sociedad?
Implica una afectación muy importante al derecho a la autonomía de las mujeres. En ese sentido el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para que todas las maternidades sean elegidas y deseadas.
Por otro lado, ¿qué consecuencias tiene la cualidad de ilegal en la que se mantiene el aborto en distintos países?
El estigma, criminalización, obstaculización y en algunos casos negativa de servicios de salud reproductiva.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado en este tema?
Garantizar las condiciones para que las mujeres puedan decidir sobre su destino reproductivo, desde un marco legal adecuado, hasta el acceso a información y servicios de salud para todas.
En el caso del marco legal, se necesita despenalizar el aborto a nivel nacional, lo cual en términos prácticos es una tarea relativamente sencilla, pues requiere básicamente de la voluntad política de las y los legisladores del país, pues la argumentación y la evidencia que sostiene una legislación liberal en materia de aborto está lista desde hace años.
Y la Iglesia, ¿qué papel debería desempeñar en esta cuestión? ¿Cómo es el panorama en México en ese sentido?
A veces se olvida que México es un Estado laico, en ese sentido es importante recordar que el Estado laico evita que las prácticas públicas y las leyes se basen en dogmas y garantiza a su ciudadanía la libertad de conciencia. La separación entre los asuntos del Estado y los de las Iglesias o religiones permite que todas las creencias puedan expresarse en igualdad de condiciones, sin que la legislación respecto a un problema de salud pública, como el aborto, se vea afectada por los dogmas de ciertas creencias religiosas.
La despenalización del aborto no obliga a nadie a abortar.
¿Cuáles son los mitos en torno al aborto que en tu opinión más contribuyen a su penalización y al desconocimiento del tema?
Existen varios mitos, mencionaré dos principales.
El derecho a la vida, al igual que los demás derechos humanos, lo tiene cualquier persona a partir de que nace viva. Si bien el debate sobre el comienzo de la vida es complejo, jurídicamente existe el consenso —fundamentado en el marco de derechos humanos y en las obligaciones internacionales y constitucionales del país— de que las personas se convierten en titulares de derechos a partir de su nacimiento. La protección a la vida prenatal, donde existe, debe interpretarse como un objetivo que se logra mediante la protección a la mujer gestante, y no en oposición a ella.
El aborto realizado en condiciones adecuadas es un procedimiento seguro. Se vuelve riesgoso cuando se realiza en circunstancias insalubres y mediante procedimientos inadecuados, generalmente propios de entornos legalmente restrictivos y con un fuerte estigma alrededor del tema. La posibilidad de ser perseguidas penalmente lleva a muchas mujeres a tomar las opciones menos seguras, en las que su vida y su salud pueden correr peligro.
De qué manera afecta en términos de derechos humanos el concepto punitivo que existe en torno al aborto? ¿Cómo podríamos resginificarlo y qué ventajas tendría el hacerlo?
El aborto inducido es un procedimiento que está relacionado con el ejercicio de diversos derechos humanos, como el derecho a la autonomía y el derecho a la salud. Considerarlo como un delito implica una afectación al ejercicio de ese derecho, en donde el Estado utiliza el “brazo” más violento del derecho, el derecho penal, para inhibir una conducta que es considerada indebida desde ciertas perspectivas morales y/o religiosas.
En ese sentido, el Estado falla en sentido doble: por una parte en su labor de utilizar el derecho penal como último recurso para sancionar exclusivamente las conductas más graves y por la otra en garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
¿Cuál es la relación entre la opinión pública y la despenalización del aborto?
El reconocimiento de derechos humanos y su protección no se trata de concesiones por parte del Estado, menos aún de cuestiones sujetas a la aprobación de las mayorías. Sin embargo, un cambio en la legislación y en la política pública puede modificar la manera en que es percibido el aborto. A partir de la despenalización del aborto en Ciudad de México (abril de 2007) la percepción de la ciudadanía sobre el tema ha cambiado notablemente.
Por ejemplo, mientras que en marzo de 2007 (un mes antes de la despenalización), el 65.8% de las personas en el país consideraban que el aborto debería ser un delito, en diciembre de 2009 este número se redujo al 45.7%. La Encuesta Nacional realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica en 2017, indicó que en la Ciudad de México el 69% de las personas están de acuerdo con el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación, mientras que el 28% opina lo contrario.
Lo anterior revela que la opinión pública sobre temas complejos, como el aborto, no es un asunto fijo e inamovible, sino que depende, entre otras cosas, de los prejuicios que rodean el tema, del manejo que se le da en medios de comunicación y del acceso que exista a los servicios legales.
Así, la despenalización del aborto cumple una función crucial tanto para garantizar a las mujeres el acceso a un servicio de salud que pudieran requerir, como para promover una despenalización social que contribuya a eliminar el estigma que rodea la práctica.
El aborto legal es urgente en todo Latinoamérica, pero ¿por qué pensarías que en México debe ser ley en todos los estados?
En México, el acceso al aborto depende del lugar de residencia de la mujer y de su estatus socioeconómico, lo cual implica una forma de discriminación. Las mujeres con recursos económicos e información pueden acceder a un aborto seguro, mientras que las mujeres en situación de pobreza o marginadas no tienen esta opción, salvo que sean apoyadas por colectivas u organizaciones de la sociedad civil, como el Fondo MARIA.
¿De qué manera películas como Que sea ley contribuyen a conseguir el aborto legal?
Contribuyen a mostrar procesos sociales de despenalización del aborto, como lo sucedido en Argentina en 2018, que nos inspiran y movilizan a no parar hasta que la despenalización del aborto sea una realidad para todas las mujeres.
¿Con qué colectivos o movimientos se han aliado para fortalecer su trabajo?
Hoy GIRE forma parte de Marea Verde, el movimiento feminista de mujeres que luchan en toda América Latina por la libertad y el derecho a decidir de las mujeres.
¿Cómo imaginas el futuro de las mujeres en México y qué consejo le darías a las generaciones jóvenes?
Hoy me parece muy importante que las mujeres nos sintamos orgullosas de lo que hemos logrado en términos de exigencia de nuestros derechos. En 2007 era impensable inundar de pañuelos verdes las calles como lo hemos hecho en los últimos años. Sin lugar a dudas es motivo de inspiración para continuar, aunque al mismo tiempo que los feminismos nos fortalecemos, los movimientos antiderechos a nivel nacional e internacional endurecen sus posturas y cobran fuerza en ciertos espacios. En este sentido, me parece muy importante que desde los feminismos mantengamos el diálogo entre distintas posturas y generaciones, pues la despenalización del aborto no se va a dar sin que la exijamos.
Magaly Olivera es editora de Ambulante. Fue ganadora del VIII Concurso de Crítica Cinematográfica Alfonso Reyes “Fósforo” de FICUNAM y finalista del II Concurso de Crítica Cinematográfica del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Ha publicado en medios como Icónica, Cinegarage, Correspondencias. Cine y pensamiento, Código y Tierra Adentro, entre otros.
