En el cine, las series, algunos libros y hasta los diarios más serios, temas como la desaparición forzada y la trata de personas son retratados de forma morbosa, sin profundizar en la compleja red de acuerdos y marcos jurídicos que provocan y permiten la institucionalización de estas prácticas en México.
En una confrontativa entrevista con Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, Coahuila, conversamos al respecto. Además, repasamos algunos aspectos específicos que conlleva el trabajar con el cumplimiento de la justicia en un estado como Coahuila, afectado directamente por la llamada Guerra contra el Narcotráfico y por la delincuencia que azota a miles de familias en el norte del país.
El centro es una de las primeras organizaciones en denunciar lo que sucedió luego de la declaración de guerra de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, así como de la condición en que puso a millones de ciudadanos, principalmente en el norte del país, como carne de cañón.
El concepto de progreso está rebasado. No podemos hablar de progreso si este se entiende como un mecanismo que abona hacia un mayor reconocimiento, vigencia o vivencia de los derechos. Ese concepto de progresividad no es lo que se vive en Coahuila. Lo que hemos logrado es visibilizar la grave problemática de derechos humanos en el estado, fundamentalmente a partir de la documentación, denuncia y seguimiento de casos por desaparición forzada.
Por ejemplo, uno de los avances o pequeños logros que se han conseguido fue el obligar al Estado a reconocer que la desaparición forzada existe, no solo en Coahuila, sino a nivel nacional. Esto lo podemos verificar en el hecho de que después de muchísimos años de presionar a distintos organismos para que se pronunciaran en relación al fenómeno de la desaparición que estamos viviendo en el país, en 2015 por fin el Comité de Desapariciones se pronunció en relación a la tragedia que estábamos viviendo, que para ese año ya era algo más generalizado en el país. En ese caso, el Estado se vio obligado a reconocer la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada, y no solo por particulares en territorio nacional. Este es un logro en términos del reconocimiento de la demanda de las víctimas porque el Estado se ha empeñado en negar estas graves violaciones y crímenes de lesa humanidad.
Avances así tienen relevancia a nivel político, pero no jurídico, porque no hay una aplicación de la ley. Una ley que no sería necesaria si se buscara a las personas y si se hubiera investigado cada caso en su momento. Por eso no podemos hablar de progreso en relación a la aplicabilidad de los marcos jurídicos por parte del Estado. Solo de un reconocimiento de la verdad, que es una conquista, pero progresividad de derechos no hay porque no hay la voluntad política para hacerlo.
En Coahuila hemos logrado mantener un espacio de interlocución por la organización de familias de personas desaparecidas de esta nueva etapa de desapariciones de los últimos 15 años. El reto que se tiene actualmente es que sostengamos un proceso activo de demanda. El desgaste de las familias es muy fuerte, se están muriendo, y son 12, 15, 20 años de estar buscando. Esa estrategia de administración de la justicia no funciona. La gente termina cansada o muriéndose y se va desdibujando. Ese es el gran reto. No sucumbir ante la estrategia de la administración de la tragedia impulsada por el Estado mexicano.
El desgaste de las familias es muy fuerte, se están muriendo, y son 12, 15, 20 años de estar buscando”.
Es una tragedia humanitaria que es fácilmente comparable con estados en guerra. Y más si haces el análisis identificando la cantidad de casos —más de 87 mil reconocidos oficialmente, supuestamente de más 200 mil en los últimos 20 años en cifras no oficiales— y si lo relacionas en términos de reconocimiento de realidad y de análisis con la cantidad de ejecuciones, de desplazamiento forzado, de despojos de territorio, de otros componentes que expresan la crisis del Estado mexicano.
Ciertamente el fenómeno social y criminal de la desaparición forzada es una práctica que no está controlada, que pareciera que se está institucionalizando en una nueva normalidad pseudodemocrática. Por eso todos los marcos jurídicos que le interesa promover al Gobierno, de alguna manera institucionalizan la desaparición. Ya es como un elemento casi constitutivo de la esencia del Estado.
La desaparición forzada es otra de las manifestaciones de la seria crisis del Estado mexicano, del concepto del Estado democrático. No se puede concebir la existencia de democracia cuando tenemos índices de violencia y de crímenes de lesa humanidad como los que vivimos en el país.
Hay que entender la complejidad de los fenómenos sociales-criminales. La trata es un delito que tiene años de estar tipificado, con una gran cantidad de investigaciones académicas a nivel mundial, entre ellos México es parte de grandes redes de investigación. Sin embargo, el fenómeno de la trata, igual que el de la desaparición forzada, es una práctica criminal que se permite, se posibilita y se sostiene por el Estado mismo.
La trata, como la desaparición, no funcionaría si las instituciones del Estado a nivel mundial no lo facilitaran, porque las redes de trata son de las que más se expresan a niveles globales. Eso está muy documentado y comprobado. No se puede trasladar a una persona de un continente a otro solo por recursos de entes individuales o personas morales, tiene que haber condiciones institucionales de los Estados para que esto funcione y la trata de personas es de los principales negocios globales.
El fenómeno de la trata, igual que el de la desaparición forzada, es una práctica criminal que se permite, se posibilita y se sostiene por el Estado mismo”.
Una cosa es la solidaridad y el vincularte con el dolor, la desesperación, la angustia y la indignación de las familias que están viviendo la desaparición o los otros crímenes de lesa humanidad que ocurren actualmente. En este sentido, sí hay que recuperar y reconocer la importancia de la solidaridad como un valor que puede permitir la construcción de una nueva civilización, pero eso se confunde, principalmente por los medios de comunicación (que normalmente están aliados a los entes de poder) con la venta de lágrimas para conseguir más recursos.
Los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad en la banalización de la tragedia de la desaparición. Publican las fotos de familias desesperadas solicitando a los gobiernos palas, picos, botas y gasolina para salir a buscar, y retratan a las mujeres que hacen estas tareas casi como diosas por su valentía, cuando debería ser indignante. En la medida en que le aplaudimos a las familias por hacer esto, es estar convalidando la delegación de responsabilidad del Estado en permitir la desaparición y la carencia de búsqueda, como diciendo, ¿para qué buscamos, si son las mujeres las que buscan?
Además de vender a las mujeres llorando, los medios de comunicación deben de cuestionar esta complicidad y no seguir promoviendo este tipo de imágenes vendibles en lugar de dedicarse a desenmascarar la trama que está más allá de la necesidad en la que se encuentran millones de familias para encontrar a sus hijos. Hay que replantearse qué implica visibilizar la tragedia. Siempre va a ser más fácil optar por el morbo, por mover sensibilidades a partir del dolor y de someter a las personas a la humillación de tener que arrodillarse para pedir una pala, porque es más fácil dar palas y picos que hacer justicia.
Los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad en la banalización de la tragedia de la desaparición”.
Son formas concretas de expresar la solidaridad con compromisos y apuestas políticas, que no quiere decir partidarias, sino la acción del ejercicio de nuestro derecho de buscar y acceder a la justicia para denunciar las arbitrariedades de los Estados, para tratar de derrumbar las cadenas de opresión e impunidad que hay a nivel mundial.
Está pausado. Te dan granitos de maíz para entretener a las familias; te convocan a reuniones de simulación y asambleas para no hacer nada. Desde mi punto de vista no hay diálogo. Hay espacios de presión que se mantienen, pero no podemos decir que en estos momentos se tenga una agenda de diálogo y negociación que nos permita ir avanzando en atender la grave problemática. Estamos en un momento de administración delicado y peligroso en la tragedia.
Hay que trabajar otra técnica para que no sea la sangre derramada y las lágrimas que se hacen río lo que se convierta en el plus para los proyectos culturales o artísticos.
Puede aportar mucho por la capacidad de llegar a un universo de destinatarios muy amplio, pero el gran reto es que se pongan las pilas, porque creo que a la mayoría de quienes tienen acceso a un impacto más masivo les falta mucho para no caer en amarillismos. Aunque nadie quiere ser amarillista, hay que trabajar otra técnica para que no sea la sangre derramada y las lágrimas que se hacen río lo que se convierta en el plus para los proyectos culturales o artísticos. Hay que aprender que no tienen por qué repetir el drama que viven las familias para concientizar, sino aprender, tener otra capacidad de escucha y otra pedagogía comunicativa; hay posibilidades de hacer algo más y, no solo eso, hay una responsabilidad de hacer algo más.
Es importante que no dejen de visibilizar lo que vamos denunciando. Hay información que es pública. También hay que aprender a hacer otras alianzas, a pensar juntos en cómo nos ayudamos a exigir los derechos de las familias organizadas.
En ese sentido, la exigencia desde quienes trabajan en los espacios de comunicación y arte debería ser a aprender, a escuchar el momento, el clamor de la gente y a recrear nuestras pedagogías y metodologías de comunicación.
